Honduras es un país que se enfrenta a grandes retos relacionados con la debilidad institucional, reducción de la pobreza, desigualdad, generar mejores condiciones de vida, mejoras en los sectores de educación, salud, alimentaciones, seguridad humana y vivienda, entre otros.

También, Honduras se encuentra en una crisis humanitaria compleja, arraigada en la pobreza sistémica, la profunda desigualdad socioeconómica y de género, en un contexto marcado por la violencia generalizada, el desplazamiento forzado, la violencia de género, las violaciones de derechos contra las mujeres, las personas LGBTIQ+, los niños, niñas y adolescentes, así como los impactos generados por los movimientos mixtos de refugiados y migrantes y la limitada capacidad del Estado para responder a los retos de protección que enfrenta la población.

Según el Cluster de Protección, Honduras se enfrenta a una violencia generalizada que sigue generando múltiples impactos humanitarios y riesgos de protección. Se estima que hay más de 1,4 millones de personas que necesitan protección en el país, de las cuales el 40 por ciento son niños y adolescentes, el 61 por ciento son mujeres y al menos 70.000 son personas LGBTIQ+ que se enfrentan a riesgos diferenciados y desproporcionados.

Los grupos y organizaciones criminales ejercen control tanto sobre la población urbana (personas que viven en lugares estratégicos de interés para las maras y pandillas) como sobre la rural (campesinos, garífunas y otras comunidades indígenas). Estos grupos imponen restricciones a la movilidad y la libertad a través de las llamadas «fronteras invisibles», toques de queda y restricciones al ejercicio de las actividades cotidianas. A las personas se les niega el acceso a la salud, la educación, el trabajo y el uso de las zonas públicas como espacios de protección y participación. Los niños, los adolescentes, las mujeres y las personas con discapacidad son especialmente vulnerables.