- La OMS estima que 1 de cada 100 personas está dentro del espectro autista, mientras que la OIT señala que el 85% de adultos/as/es autistas están desempleados/as/es o subempleados/as/es.
- En América Latina, la mayoría de los países no cuenta con datos oficiales sobre personas neurodivergentes adultas.
Por: Natalia Briceño, Oficial Regional de Incidencia y Comunicaciones
El término neurodivergencia fue propuesto por la socióloga autista Judy Singer en los años noventa como parte de un movimiento que buscaba reivindicar las formas no normativas de funcionamiento neurológico, especialmente el autismo. Singer propuso el concepto de neurodiversidad como un paralelo a la biodiversidad: así como en la naturaleza existe variedad, el cerebro humano también se manifiesta de múltiples formas, todas igualmente válidas.
Desde entonces, el término neurodivergencia se ha utilizado para describir a las personas cuyas formas de pensar, sentir, comunicarse o percibir el entorno se alejan del estándar considerado “neurotípico”. Esto incluye condiciones como el autismo, el TDAH, la dislexia, la dispraxia, el trastorno del procesamiento sensorial, el síndrome de Tourette y algunas condiciones de salud mental crónica.
Cuando comprendemos la neurodivergencia como una expresión válida de la diversidad humana, entendemos que no es una enfermedad que deba curarse o corregirse, sino una forma legítima de ser en el mundo. En ese sentido, el problema no está en las personas neurodivergentes, sino en las barreras sociales, sensoriales, institucionales y actitudinales que obstaculizan su participación plena.
Esta visión se articula con el modelo social de la discapacidad y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), que establece que todas las personas con discapacidad —incluidas aquellas con condiciones invisibles o del neurodesarrollo— deben gozar de los mismos derechos, con acceso a apoyos, ajustes razonables y entornos accesibles. La inclusión no se logra forzando a las personas neurodivergentes a adaptarse a lo normativo, sino transformando los entornos para que nadie tenga que dejar de ser quien es para ser respetado.
En el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, es urgente pasar del discurso a la transformación estructural. Las personas neurodivergentes seguimos enfrentando múltiples barreras en el ejercicio de nuestros derechos, muchas veces reforzadas por el modelo médico-patologizador, los estereotipos y la información desactualizada. Necesitamos sociedades comprometidas con garantizar ajustes razonables, promover la autonomía y asegurar nuestra participación en todos los espacios, durante todo el ciclo vital.
Los datos disponibles son limitados. La OMS estima que 1 de cada 100 personas está dentro del espectro autista, mientras que la OIT señala que el 85% de adultos/as/es autistas están desempleados/as/es o subemplead os/as/es. Sin embargo, estas cifras no reflejan necesariamente la realidad: en muchos casos, se basan en diagnósticos formales que dependen del acceso al sistema de salud, del conocimiento sobre el autismo y de criterios clínicos marcados por sesgos.
Por eso, es probable que la proporción real de personas autistas sea mucho mayor. Muchas siguen sin diagnóstico o han sido mal diagnosticadas, especialmente mujeres, personas trans y no binarias, racializadas, rurales o en situación de pobreza. Esta invisibilización se agrava en la adultez, etapa donde los diagnósticos suelen llegar tarde —si es que llegan—. Esto afecta el acceso a apoyos, salud mental, educación o empleo, y distorsiona nuestra comprensión de la verdadera presencia del autismo en la población.
En América Latina, la mayoría de los países no cuenta con datos oficiales sobre personas neurodivergentes adultas. Existen grandes brechas en diagnóstico, atención en salud mental y participación social, especialmente en zonas rurales y entre personas históricamente excluidas por motivos de género, etnia u orientación sexual.
Incluir a las personas autistas significa garantizar sus derechos, promover su autonomía y asegurar el acceso a ajustes razonables, reconociendo que somos diversas y que múltiples identidades —como el género, la raza o la clase social— nos atraviesan y condicionan nuestra experiencia. La mirada interseccional no es opcional: es esencial.
Aunque existen avances normativos, la neurodivergencia sigue siendo invisibilizada en muchos de los espacios donde más se requiere transformación estructural. En emergencias humanitarias, por ejemplo, pocas veces se contemplan necesidades como la sobrecarga sensorial, las dificultades de comunicación o el acceso a información comprensible. Sin ajustes razonables —zonas tranquilas, pictogramas, lenguaje claro— la ayuda humanitaria no es realmente accesible.
En el ámbito de la cooperación y los derechos humanos, la CDPD exige ajustes razonables y participación efectiva, pero los marcos de cooperación internacional aún carecen de enfoque interseccional y rara vez incluyen a personas neurodivergentes como expertas en sus propias vidas. Nada sobre nosotros/as/es, sin nosotros/as/es.
El panorama laboral es crítico: el desempleo entre personas autistas supera el 80% en muchos países. La inclusión laboral no puede limitarse a discursos; requiere transformar procesos de selección, relaciones de trabajo, ambientes sensoriales y garantizar ajustes como jornadas flexibles o comunicación neuroinclusiva. La validación de nuestras experiencias y conocimientos también es parte de la inclusión. Además, todas las personas debemos asumir un rol activo en la creación de entornos laborales seguros y accesibles, siendo aliados/as/es y apoyo en la transformación de las culturas organizacionales. La inclusión real se construye colectivamente, no de forma simbólica.
En el campo educativo, el desconocimiento sobre la neurodivergencia contribuye al fracaso escolar, la deserción y el deterioro de la salud mental. Es urgente eliminar las prácticas punitivas y formar a docentes en diversidad neurológica para que fomenten entornos verdaderamente inclusivos.
En cuanto a salud mental, persiste un enfoque patologizante que busca normalizar a las personas neurodivergentes, en lugar de promover el bienestar. En rehabilitación, aún predominan modelos que intentan forzarnos a funcionar según parámetros neurotípicos, en lugar de ofrecer apoyos para la autodeterminación. La neurodivergencia debe ser reconocida como parte de la diversidad funcional, no como algo que deba corregirse.
La sociedad tiene una responsabilidad colectiva: reconocer las barreras que impiden la participación plena de las personas neurodivergentes y trabajar activamente para eliminarlas. Esto implica escuchar nuestras voces en primera persona, garantizar nuestros derechos y promover espacios accesibles y respetuosos en todos los niveles. Hacer ajustes razonables no es un favor, es un derecho. Juntos/as/es podemos lograr que nadie se quede atrás.
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