En “Nuestra voz, Nuestros Derechos: 20 Años de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, un evento organizado por la Red Latinoamericana de Organizaciones de Personas con Discapacidad y sus Familias – RIADIS –, Humanity & Inclusión América Latina y el Caribe presentó su experiencia en Educación Inclusiva y la transversalización de la Protección.
Durante nuestra participación en el evento “Nuestra voz, Nuestros Derechos: 20 Años de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, un evento de RIADIS, desde Humanity & Inclusion compartimos una idea central: garantizar el derecho a la educación inclusiva no se limita a que niñas, niños y adolescentes estén matriculados, sino a que realmente puedan llegar, permanecer, aprender y sentirse parte de la escuela.
Al cumplirse 20 años de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, persiste una brecha entre el reconocimiento formal de la educación inclusiva y las condiciones reales en que ese derecho se ejerce plenamente en América Latina y el Caribe, que según el Banco de Desarrollo de América Latina y el CAribe – CAF – en 1 de cada 5 hogares en extrema pobreza extrema vive una persona con discapacidad.
En la ponencia “Educación inclusiva y transversalización de la protección: experiencias desde Ecuador y Venezuela”, Natalia Briceño Hernández, Oficial Regional de Incidencia de Humanity & Inclusion, subrayó que la inclusión es reconocida en muchas ocasiones como un desafío principalmente pedagógico, cuando en realidad también depende del entorno, de las dinámicas familiares, de la seguridad, de la identidad legal – tales como documento de identidad- , del bienestar emocional, y de la capacidad de respuesta institucional. En algunos contextos, sin condiciones mínimas de protección, el aprendizaje simplemente no puede ocurrir.
A partir de la experiencia en Ecuador, H&I mostró cómo las barreras se acumulan en distintos niveles: en el entorno, en las condiciones sociales y familiares, y en el propio sistema educativo. El análisis de las barreras en estas dimensiones evidenció que trayectos inseguros, transporte limitado, falta de tiempo en los hogares, recursos escasos, formación docente insuficiente y distancia entre política y práctica debilitan la inclusión, incluso cuando hay matrícula. La conclusión es clara: estar en la escuela no equivale automáticamente a participar, aprender y desarrollarse en condiciones de dignidad, calidad y permanencia.
La experiencia en Venezuela, particularmente en comunidades indígenas del Delta Amacuro, permitió profundizar aún más esta reflexión. En contextos de emergencia y alta vulnerabilidad, la inclusión no puede pensarse solo como permanencia ni solo como pedagogía. Allí, la falta de documentos de identidad, el acceso limitado a servicios especializados, las afectaciones emocionales y la precariedad cotidiana muestran que la protección no acompaña la educación: la hace posible.
Miradas en conjunto, ambas experiencias revelan un mismo problema en la región: la exclusión educativa no se explica solo por la falta de ajustes pedagógicos, sino también por factores sociales, familiares, territoriales e institucionales que interrumpen las trayectorias educativas. También muestran que la discapacidad no es una preocupación aislada, sino un eje transversal que se cruza con otras realidades como la migración, la pertenencia indígena y los contextos de emergencia.
La ponencia también destacó cuatro buenas prácticas para avanzar hacia una educación inclusiva más integral: analizar de manera amplia barreras y facilitadores; trabajar con familias como agentes protectores; fortalecer al sistema educativo con herramientas aplicables; y articular educación, protección, salud y comunidad, dejando capacidades instaladas más allá de los proyectos. En este último punto, H&I resaltó la generación de datos desagregados por discapacidad con la metodología de UNICEF y el Grupo de Washington, como una herramienta que no solo mejora la identificación y el registro, sino que también fortalece respuestas pedagógicas más inclusivas, junto con la capacidad de toma de decisiones por parte de los tomadores de decisión y organizaciones.
El mensaje de cierre fue contundente: la educación inclusiva no es solo pedagógica, es sistémica; garantizarla implica facilitar un acceso seguro, permanencia sostenida, bienestar integral y respuestas intersectoriales. Y aunque muchas soluciones no son costosas ni extraordinarias, sí requieren decisiones, articulación e institucionalización, porque la educación inclusiva no se mide por quién entra a la escuela, sino por quién puede quedarse, aprender y sentirse parte.